Sobre los plazos de devolución de los adeudos directos

26 de mayo de 2017

Con la entrada en vigor en 2014 de SEPA, la Zona Única de Pagos en Euros, donde particulares, compañías y otros agentes económicos pueden hacer y recibir pagos en euros, desde una única cuenta bancaria en cualquier lugar de dicha zona y utilizando un único conjunto de instrumentos de pagos, los recibos domiciliados correspondientes a pagos por suministros (luz, teléfono, etcétera) o prestación de servicios, fueron sustituidos por los denominados adeudos directos.

Estos nuevos servicios de pago se dividen en las dos clases siguientes:

Adeudos directos básicos, los cuales suponen la evolución natural del anterior recibo domiciliado, donde emisor y deudor pueden ser empresas (personas jurídicas), autónomos o consumidores. Es, por ejemplo, el adeudo que te está girando la compañía telefónica con la que trabajas si eres un particular.

Adeudos directos B2B, los cuales suponen una nueva modalidad donde emisor y deudor han de ser necesariamente empresas (personas jurídicas) o autónomos.

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En cuanto a los plazos de devolución de unos y otros, los adeudos directos básicos se pueden devolver hasta ocho semanas después del cargo en la cuenta bancaria, si existe autorización del deudor a través de la correspondiente orden de domiciliación o mandato, o hasta trece meses, si no existe dicha autorización. En cuanto a los adeudos directos B2B, si existe autorización del deudor a través del mandato, una vez cargados en cuenta no se puede solicitar su devolución. Únicamente pueden devolverse en los dos días hábiles posteriores al vencimiento por motivos bancarios, básicamente por falta de saldo en cuenta. De hecho, este tipo de adeudos B2B precisa el consentimiento previo del deudor a su banco para cada uno de los adeudos, lo que reduce su agilidad. En el caso de que no exista autorización del deudor, el plazo de devolución del adeudo B2B se extendería hasta los trece meses, pero la verdad es que no tiene mucho sentido girar este tipo de adeudo sin contar con el mandato específico del deudor.

Finalmente señalar que la devolución de un adeudo directo puede suponer la paralización del servicio ofrecido por el proveedor, si éste es regular en el tiempo, así como la inscripción del impago en un registro de morosos, aspectos que deben valorarse bien antes de tomar la decisión de devolverlo.

Foto: geralt

 

Las cuatro causas por las que un auditor puede causar baja en el ROAC

5 de mayo de 2017

La auditoría de cuentas es una actividad que consiste en la revisión y verificación de la cuentas anuales (que pueden llegar a incluir, según el tipo de empresa, al balance, a la cuenta de pérdidas y ganancias, a la memoria, al estado de cambios en el patrimonio neto y al estado de flujos de efectivo), así como de otros estados financieros o documentos contables, elaborados con arreglo al marco normativo de información financiera que resulte de aplicación, siempre que dicha actividad tenga por objeto la emisión de un informe sobre la fiabilidad de dichos documentos que pueda tener efectos frente a terceros. Así se señala en el artículo 1 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas.

ledger-1428230_1920Dicha actividad puede ser realizada por los auditores de cuentas, que pueden ser personas físicas o jurídicas y que han de figurar inscritas, como ejercientes en el caso de las personas físicas, en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC) del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), Organismo Autónomo, adscrito al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad que ejerce la función supervisora de los auditores.

Resulta importante conocer las causas que pueden motivar la baja del auditor del ROAC, la cual será temporal o definitiva según los casos. En concreto, se puede producir en los cuatro supuestos siguientes, según lo que establece el artículo 32 del Real Decreto 1517/2011, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Auditoría de Cuentas:

  • Por fallecimiento del auditor.
  • Por incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en los artículos 8 y 9 de la Ley 22/2015 (ser mayor de edad; tener la nacionalidad española o la de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea, sin perjuicio de lo que disponga la normativa sobre el derecho de establecimiento; carecer de antecedentes penales por delitos dolosos y haber obtenido la correspondiente autorización del ICAC). Destaca el requisito de carecer de antecedentes penales por delitos dolosos, de tal manera que el auditor que los tenga se encuentra inhabilitado legalmente para firmar informes de auditoría.
  • Por renuncia voluntaria del auditor.
  • Por sanción.

Foto: cpastrick

La legalización de libros contables y mercantiles en el Registro Mercantil

19 de abril de 2017

El mes de abril es un período importante en cuanto a las obligaciones registrales de las sociedades mercantiles se refiere, puesto que muchas de ellas tienen que presentar y legalizar ante el Registro Mercantil sus libros contables y mercantiles. Y además tienen que hacerlo de forma telemática, tal como se recoge en el artículo 18 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización:

Todos los libros que obligatoriamente deban llevar los empresarios con arreglo a las disposiciones legales aplicables, incluidos los libros de actas de juntas y demás órganos colegiados, o los libros registros de socios y de acciones nominativas, se legalizarán telemáticamente en el Registro Mercantil después de su cumplimentación en soporte electrónico y antes de que trascurran cuatro meses siguientes a la fecha del cierre del ejercicio”.

Es decir, si la sociedad cierra su ejercicio el 31 de diciembre (lo más habitual), tiene hasta el 30 de abril del año siguiente para presentar y legalizar sus libros. Una vez que el Registro recibe los libros telemáticamente, entregará a la sociedad, también de forma telemática, una acreditación de haber procedido a su legalización (si todo es correcto) o se le comunicará que la presentación es defectuosa (si algo falla).

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Entre estos libros contables y mercantiles de legalización obligatoria para las sociedades mercantiles podemos destacar los cuatro siguientes:

Libro Diario, en el que se registran día a día las operaciones relativas a la actividad de la empresa, siendo válida la anotación conjunta de los totales de las operaciones por períodos no superiores al trimestre, a condición de que su detalle aparezca en otros libros o registros concordantes, de acuerdo con la naturaleza de la actividad de que trate.

Libro de Inventarios y Cuentas anuales, en el que se registran el balance inicial detallado de la empresa, los balances trimestrales de comprobación de sumas y saldos, el balance de cierre y las cuentas anuales.

Libro de actas, el cual puede ser único para las actas de todos los órganos colegiados de la sociedad (Junta General y Consejo de Administración), o también un libro independiente para cada uno de ellos.

Libro Registro de socios y de acciones nominativas, en el que se registra la titularidad originaria y las sucesivas transmisiones de acciones o participaciones sociales, según sea el tipo de sociedad mercantil, así como la constitución de derechos reales y otros gravámenes sobre ellas.

Foto: 3dman_eu

Las EAFIs no deben ser un servicio solo para ricos

7 de abril de 2017

Cuando hablamos de las Empresas de Asesoramiento Financiero (EAFIs) nos estamos refiriendo a personas físicas o jurídicas que pueden prestar exclusivamente el servicio de asesoramiento en materia de inversión, que consiste en realizar recomendaciones sobre instrumentos financieros idóneos al perfil de riesgo del cliente, previamente evaluado.  Así mismo, pueden prestar los servicios auxiliares de asesoramiento a empresas sobre estructura de capital, estrategia industrial y cuestiones afines y de elaboración de informes de inversiones y análisis financieros.

A diferencia de un agente bancario que solamente presenta a sus clientes los productos que comercializa la entidad a la que representa, una EAFI puede recomendar cualquier producto que exista en el mercado financiero, siempre que sea adecuado para sus clientes. En este sentido, las EAFIS cobran a sus clientes por el asesoramiento que les prestan y no por producto, lo cual les dota de una mayor transparencia y garantiza la búsqueda del mejor producto para el cliente.

Dado que el único servicio de inversión que prestan las EAFIs es el de asesoramiento, es imposible que haya venta cruzada de servicios y por tanto que exista conflictos de interés, como ocurre con otras entidades autorizadas a prestar asesoramiento.

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Como se señala desde el registro de Economistas Asesores Financieros (EAF) del Consejo General de Economistas, las EAFIs pueden jugar un papel muy importante en la mejora de la formación financiera de la sociedad española, siendo conveniente tanto para inversores como profesionales, contar con una amplia red de empresas de asesoramiento financiero que permita a cualquier inversor, no solo a los más ricos, contar con un asesoramiento de calidad y especializado. La aparición de nuevas vías de inversión relacionadas con la tecnología como, por ejemplo, las plataformas de financiación participativa (crowdfunding, crowdlending, etcétera), la mayor sofisticación de los instrumentos financieros y los bajos tipos de interés, hacen que los inversores puedan incurrir en riesgos que desconocen, de ahí la importancia de la EAFI como un aliado al que acudir antes de tomar sus decisiones de inversión.

Las EAFIs están autorizadas y supervisadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), y por tanto deben cumplir unas estrictas normas de conducta, cuyo primer objetivo es la protección del inversor. Capítulo aparte son aquellas personas o entidades que realizan asesoramiento sin tener la debida autorización (chiringuitos financieros), con los que, como nos recuerdan desde EAF, hay que extremar las precauciones.

Foto: Tumisu

Propuestas para que el procedimiento concursal salve más empresas en España

28 de marzo de 2017

Según la Real Academia Española el término insolvencia hace referencia a la “falta de solvencia, incapacidad de pagar una deuda”.  A estos efectos, para el caso de una persona física o jurídica que no pueda pagar sus deudas, la legislación española prevé un procedimiento jurídico específico denominado concurso, el cual viene regulado por la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

En la Ley 22/2003 se señala cómo la declaración de concurso procederá en caso de insolvencia del deudor común, encontrándose en esta circunstancia la persona física o jurídica que no puede cumplir regularmente sus obligaciones exigibles.

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Realmente, como se señala desde el Registro de Expertos en Economía Forenses (REFOR) del Consejo General de Economistas, esta definición del concurso es más jurídica que económica, por lo que sería deseable incluir en la ley concursal la definición técnica-económica de insolvencia, que se utiliza en los ámbitos contables y de auditoría: “un pasivo corriente (a corto plazo) que supera al activo corriente (a corto plazo), es decir, un fondo de maniobra (diferencia entre activo y pasivo corriente) negativo”. En opinión del REFOR, el concurso, alejado de una perspectiva económica-empresarial, se ha convertido en un procedimiento demasiado jurídico y procesal, lo que le hace ser lento y poco eficaz. Así se lo manifestaron los representantes de este registro especializado al Fondo Monetario Internacional (FMI) en el contexto de una reciente reunión internacional que busca mejorar el concurso en España. Dentro de esta visión económica y empresarial de la insolvencia, el REFOR aportó al FMI otra serie de soluciones entre las que destacan las dos siguientes:

  • Limitar los excesivos privilegios que en nuestro país disponen las Administraciones Públicas en el concurso en el que aparecen como crédito privilegiado, así como en las soluciones preconcursales (acuerdos de refinanciación) y extraconcursales (mediaciones) donde no resulta obligatorio que acudan ni Hacienda ni la Seguridad Social. Se piensa que, si las Administraciones Públicas concedieran más flexibilidad, se conseguirían salvar más empresas, lo que redundaría en mayores ingresos fiscales y de la Seguridad Social a medio plazo.
  • Incluir en la ley concursal un apartado específico para las pymes, teniendo en cuenta que en España el 99,7 por ciento de las empresas son micropymes y pequeñas empresas, teniendo además en cuenta que la dimensión de las pymes en España es menor que el promedio de la Unión Europea.

Foto: geralt

Diferencia entre fecha contable y fecha valor en las cuentas bancarias

15 de marzo de 2017

Seguramente alguna vez te has encontrado al ingresar un cheque de otra entidad bancaria en tu cuenta corriente con que no has podido disponer del dinero hasta dos días después de ingresarlo. Esta circunstancia se produce por la diferencia entre lo que los bancos denominan fecha contable y fecha valor.

En primer lugar, fecha contable es aquella en la cual el banco anota una operación en el debe (cargo) o en el haber (abono) de las cuentas bancarias. Por su parte, fecha valor hace referencia a aquella a partir de la cual empiezan a generar intereses los abonos o cargos en dichas cuentas, pudiendo ser distinta de la contable.

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Esta diferencia de fechas se justifica por la propia operativa de las entidades de crédito, pero éstas no pueden aplicarla de un modo discrecional, sino que se han de ajustarse a la regulación legal establecida tanto en la Circular 8/1990, de 7 de septiembre, sobre transparencia de las operaciones y protección de la clientela, como en la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago, que la modifica. Esta legislación fija una valoración concreta para las operaciones bancarias (cheques, ingresos en efectivo, etcétera). Por ejemplo, el abono en cuenta de un ingreso en efectivo realizado por un cliente que sea un consumidor ha de valorarse el mismo día, mientras que si la operación de ingreso la realiza una empresa (un no consumidor) el abono puede valorarse hasta un día más tarde.

En cualquier caso, el banco con el que trabajes debe comunicarte las condiciones de valoración de las distintas operaciones, indicando el desfase temporal que puede existir entre fechas contables y fechas valor. Además, y como se señala en la propia Circular 8/1990, “en todas las operaciones con independencia de aplicar puntualmente las normas de valoración correspondientes, las Entidades pondrán los medios necesarios para abonar o adeudar las cuentas de los clientes sin demoras o retrasos, aplicando la máxima diligencia en facilitarles la disponibilidad pronta de los fondos”.

Luego la próxima vez que veas diferencias entre fechas contables y fechas valor en los movimientos de tus cuentas bancarias, no pienses que el banco actúa discrecionalmente y no te deja disponer de tu dinero, sino que cumple con una normativa en vigor. Ah, eso sí, comprueba que el cálculo de fechas está bien realizado.

Foto: webandi

¿Cuándo resulta obligatorio consolidar las cuentas anuales?

27 de febrero de 2017

La obligación de consolidar las cuentas anuales surge cuando existe una vinculación entre dos o más sociedades mercantiles que constituyen lo que se denomina un grupo de sociedades. En este sentido, el artículo 42 del Real Decreto de 22 de agosto de 1885, por el que se publica el Código de Comercio señala que “toda sociedad dominante de un grupo de sociedades estará obligada a formular las cuentas anuales y el informe de gestión consolidados”.

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La duda aquí es clarificar cuándo se considera que existe un grupo de sociedades. Como nos recuerdan desde el órgano especializado Economistas Contables (EC) del Consejo General de Economistas, el propio artículo 42 del Código de Comercio señala que “existe un grupo cuando una sociedad ostente o pueda ostentar, directa o indirectamente, el control de otra u otras”. Dicho control se produce cuando una sociedad (dominante) se encuentra en relación con otra sociedad (dependiente), en alguna de las siguientes situaciones:

  • Posea la mayoría de los derechos de voto.
  • Tenga la facultad de nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del órgano de administración.
  • Pueda disponer, en virtud de acuerdos celebrados con terceros, de la mayoría de los derechos de voto.
  • Haya designado con sus votos a la mayoría de los miembros del órgano de administración, que desempeñen su cargo en el momento en que deban formularse las cuentas consolidadas y durante los dos ejercicios inmediatamente anteriores.

No obstante, el artículo 43 del Código de Comercio señala una serie de dispensas y excepciones a la obligación de consolidar como, por ejemplo, la de que la sociedad dominante no supere unos determinados límites de activo, cifra de negocios o número medio de empleados.

Hay que señalar que la obligación legal de formular cuentas anuales consolidadas no exime a las sociedades mercantiles integrantes del grupo, de formular sus propias cuentas individuales. Por otro lado, si la formulación de las cuentas anuales es obligatoria, la auditoría de las mismas también lo será. En cambio, si la sociedad dominante formula las cuentas consolidadas de forma voluntaria, la obligación de auditarlas solamente existirá si se depositan en el Registro Mercantil.

Foto: maxlkt

Los economistas frente a la ciberseguridad

7 de febrero de 2017

Por Francisco Pérez Bes

Secretario General del Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE)

En el año 2016, el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE), organismo dependiente del Ministerio de Agenda Digital a través de su Secretaría de Estado, detectó más de 115.000 incidentes de ciberseguridad que afectaron a ciudadanos, empresas, universidades e infraestructuras críticas. Eso supone más del doble de los ciberincidentes que se detectaron en 2015, lo que demuestra un claro aumento de este tipo de riesgos, pero también revela una mayor capacidad de detección por parte de este organismo.

Es innegable que la ciberseguridad es una materia que ha pasado a formar parte de nuestra vida personal y profesional en todos sus ámbitos. La digitalización de la sociedad, y la transformación digital de las empresas hacen imprescindible que el uso de la tecnología se haga de forma segura, evitando daños, robos, fugas de información y muchos otros riesgos que ponen en peligro la integridad de la información e, incluso, la continuidad del propio negocio.

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En efecto, en el mundo en el que nos toca vivir, la ciberseguridad no es una opción. Eso obliga a las empresas y profesionales a implementar en todas sus actividades, medidas de protección dirigidas a evitar accesos no consentidos a sus sistemas informáticos. Este deber cobra una especial relevancia en aquellos servicios que implican uso y conservación de información sensible y confidencial de terceros, obtenida al amparo de la confianza que estos depositan en el asesor al cual acuden. Este es el caso de los asesores fiscales, auditores, consultores y demás profesionales de nuestro colectivo, etc., a los que los clientes entregan, sin reservas y con una expectativa de garantía de protección, información personal y de negocio de gran valor. Esto, además, abre otro debate acerca de la responsabilidad legal y deontológica del profesional, pero también de administradores y directivos, todo ello sin perjuicio de sufrir crisis reputacionales de difícil reparación.

Los casos en los que la inexistencia o insuficiencia de medidas de seguridad han tenido consecuencias nefastas son cada vez mayores y más graves. Hemos sido testigos de cómo negligencias de empleados han permitido que un malware del tipo ransomware cifrara todos los ficheros de la empresa, impidiendo la utilización de toda esa información e, incluso, siendo chantajeados al pago de un rescate a cambio de su recuperación. O, como la infección de los sistemas de la empresa (y su incorporación a una botnet o red de ordenadores zombis) ha facilitado que desde la misma se lleven a cabo ataques informáticos contra sus propios clientes. O como el acceso de delincuentes a la información del despacho les ha permitido tener información privilegiada y conocer operaciones financieras con antelación.

Estos, y muchos otros ejemplos de casos reales deben hacernos recapacitar acerca de la responsabilidad que se asume por profesionales como nosotros. Responsabilidad que no se limita únicamente a la correcta y diligente prestación de nuestros servicios, sino que lleva implícita la obligación de velar por la protección integral de la información que se maneja.

Lograr un adecuado nivel de ciberseguridad en nuestras organizaciones pasa por implementar medidas técnicas y organizativas, que reduzcan el riesgo de sufrir un incidente de esta naturaleza. Por implantar medidas tecnológicas nos referimos a la necesidad de invertir en herramientas que protejan nuestros sistemas de información, garantizando un adecuado nivel de seguridad. Dentro de este campo se incluyen la instalación de firewalls y antivirus, el mantenimiento actualizado de los sistemas utilizados, y actuaciones similares. Mientras que dentro de las medidas organizativas destacan la capacitación de los empleados, el diseño e implantación de protocolos de actuación, la formación continua y muchas otras iniciativas de concienciación que, además de servir al fin de la ciberseguridad, caben perfectamente dentro de estrategias de responsabilidad social empresarial. Es lo que denominamos “cultura de ciberseguridad” en las organizaciones.

Y si, a pesar de todo, sufrimos cualquier tipo de incidente de seguridad, conozcamos las vías que tenemos a nuestro alcance para poder resolver el incidente desde una óptica técnica (gracias al CERT de Seguridad e Industria que gestiona el INCIBE), y de denuncia a las autoridades competentes en el caso de que dicho incidente pueda tener naturaleza delictiva. Y reflexionemos sobre cómo reaccionaríamos nosotros, y nuestro despacho, en el caso de encontrarnos ante un ciberataque. ¿Nos coordinaríamos bien? ¿Conocemos nuestras obligaciones legales? ¿Sabríamos cómo comunicarlo a nuestros empleados y clientes? ¿Disponemos de cobertura legal a través de nuestra póliza de seguro? Tengamos respuesta a todas estas preguntas antes de que debamos enfrentarnos a un incidente de ciberseguridad, y que tendremos con toda certeza (si es que no lo hemos tenido ya, pero no lo hemos detectado todavía).

Es cierto que la ciberseguridad es cada vez más importante, pero el temor a lo desconocido no puede detenernos a usar nuevos recursos para mejorar el servicio que, como profesionales, prestamos en el mercado. Abracemos la tecnología y utilicémosla estratégicamente para mejorar la calidad de nuestros servicios y para reforzar la seguridad de la información y de las comunicaciones con nuestros clientes. Utilicemos las herramientas que tenemos a nuestro alcance y convirtámonos en economistas del siglo XXI. Es lo que esperan nuestros clientes del siglo XXI.

Foto: pixelcreatures