Los Estatutos del Consejo General de Economistas ven la luz

14 de noviembre de 2017

El pasado 11 de noviembre se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el Real Decreto 900/2017, de 6 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo General de Economistas de España (CGE). En los 45 artículos que conforman esta regulación se recoge la naturaleza y funciones del Consejo, sus órganos de gobierno, su régimen económico administrativo, así como su régimen disciplinario y sancionador.

En cuanto a su naturaleza, el Real Decreto 900/2017 recuerda que el CGE es una Corporación de Derecho Público, sin ánimo de lucro, dotada de personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, creado por la Ley 30/2011, de 4 de octubre, y regido conforme a lo dispuesto por esta, por la Ley 2/1974, sobre Colegios Profesionales y por los Estatutos que ahora se aprueban. Tiene por objeto la coordinación y representación de los Colegios de Economistas, de los Colegios de Titulares Mercantiles, y de los Colegios de Economistas unificados cualquiera que sea la denominación que cada Colegio adopte en el respectivo territorio.

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Por su parte y en lo que a sus fines se refiere, el Real Decreto 900/2017 establece que el CGE es la corporación que agrupa, coordina y representa en los ámbitos estatal, europeo e internacional a los Colegios mencionados anteriormente, y, a través de estos, a los profesionales colegiados, y ordena, defiende y protege el ejercicio profesional de los colegiados, debiendo asimismo proteger los intereses de los consumidores y usuarios de los servicios prestados por los colegiados. En el ejercicio de sus funciones, el CGE velará por la suscripción de convenios de intercambio, de acuerdos o cualquier clase de relaciones con organizaciones similares o afines españolas o extranjeras, tanto de ámbito nacional como supranacional.

Principales novedades que incorpora la Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo

27 de octubre de 2017

La Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo establece una serie de medidas que pretenden mejorar las condiciones laborales y de Seguridad Social de los denominados trabajadores autónomos.

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Las novedades más importantes que incorpora esta Ley son las siguientes:

  • Ampliación de 6 meses a un año de la cotización de 50 euros a la Seguridad Social para los nuevos negocios.
  • Más bonificaciones para jóvenes, discapacitados y mujeres.
  • Mejora de las prestaciones por maternidad y paternidad.
  • Bonificaciones compatibles con la contratación de asalariados.
  • Bonificación de cotizaciones para contratar a familiares de forma indefinida.
  • Compatibilidad entre salario y pensión para autónomos con empleados.
  • Mayor flexibilidad para darse de alta y baja en la Seguridad Social.
  • Más facilidades para cambiar la base de cotización.
  • Base de cotización de propietarios y directivos desvinculada del salario mínimo interprofesional.
  • Reducción de recargos a la Seguridad Social por deudas durante el primer mes de retraso.
  • Protección para el autónomo que tenga un accidente in itinere (considerado aquel que se produce en el camino de casa al trabajo y viceversa por cualquier medio de transporte) y esté cotizando por riesgos profesionales.
  • Facilidades para el reintegro de cuotas al autónomo en caso de pluriactividad (que se da cuando se compatibiliza trabajo por cuenta propia y ajena).
  • Domiciliación bancaria obligatoria de las cuotas.
  • Deducibilidad de una parte de los gastos de suministro cuando el autónomo desarrolla su actividad en su vivienda (agua, electricidad, gas, etcétera).

Si deseas profundizar en el detalle de estas medidas te recomendamos consultar el siguiente documento, el cual ha sido preparado por los registros de Economistas Asesores Laborales (EAL) y de Economistas Asesores Fiscales (REAF) del Consejo General de Economistas.

Foto: FirmBee

Cinco ventajas de compatibilizar pensión y actividad para los autónomos

5 de octubre de 2017

La mayoría de los trabajadores autónomos, es decir, de aquellos que, de forma habitual, personal y directa, realizan una actividad económica a título lucrativo, sin sujeción a contrato de trabajo, sufren una importante rebaja de su poder adquisitivo en el momento de la jubilación. En España, como es de dominio público, es habitual que los autónomos coticen a la Seguridad Social por la base mínima, lo cual implica el cobro de una pensión también mínima cuando se jubilan.

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Para mejorar esta situación, desde el Registro de Economistas Asesores Laborales (EAL-CGE) del Consejo General de Economistas, se pretende hacer valer las ventajas que conllevaría la puesta en práctica de compatibilizar pensión y trabajo por cuenta propia para el autónomo, en concreto las cinco siguientes:

  • Se facilitaría el tránsito en la sucesión de la empresa familiar y especialmente la transmisión del “know-how” entre generaciones de autónomos.
  • Se evitarían situaciones de importantes quebrantos en las economías familiares de los autónomos debidas a la pérdida de poder adquisitivo.
  • No se eliminarían puestos de trabajo al evitar el cierre de empresas, e incluso se podría pensar en la generación de nuevos puestos al incorporarse otras generaciones de autónomos a las empresas familiares.
  • Se lucharía de forma directa contra el fraude y la economía sumergida, generando mayor recaudación tributaria.
  • Finalmente se estaría asegurando, en gran medida, para el colectivo de cotizantes al RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos) la sostenibilidad del estado del bienestar, al tiempo que la Administración también recauda más ingresos para el sistema.

Parece interesante que propuestas de este tipo sean tenidas en cuenta por los poderes públicos en el debate abierto sobre la mejora de las condiciones de un colectivo que tiene tanto peso específico en nuestro país.

Foto: geralt

Aspectos legales que afectan a las vacaciones

20 de julio de 2017

A estas alturas del año, no son pocos los trabajadores que están pensando en el día en el que van a empezar a disfrutar de sus vacaciones de verano. Algo tan natural y necesario, sigue sin embargo planteando dudas legales que conviene clarificar.

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A este respecto, desde el Registro de Economistas Asesores Laborales (EAL-CGE) del Consejo General de Economistas, nos recuerdan los aspectos más importantes que afectan a la regulación de las vacaciones en base a lo dispuesto por el Estatuto de los Trabajadores:

  • Con carácter general, el período anual de vacaciones no puede sustituirse por una compensación económica. Únicamente puede compensarse con el pago de dinero en caso de extinción del contrato de trabajo antes de que se disfrute (en este caso, el finiquito pagado por el empresario debe incluir una compensación económica equivalente al período de vacaciones que el trabajador no ha llegado a disfrutar).
  • La duración de las vacaciones puede ser pactada en el contrato de trabajo celebrado entre trabajador y empresa o en el convenio colectivo correspondiente, pero nunca podrá ser inferior a los 30 días naturales que marca el Estatuto de los Trabajadores. Los acuerdos respecto a las vacaciones pueden ampliar este período, pero no reducirlo. En el caso de un trabajador que no haya trabajado durante todo el año le corresponderá la parte proporcional.
  • Las fechas de las vacaciones se han de fijar de común acuerdo entre empresa y trabajador, teniendo en cuenta lo establecido en los convenios colectivos sobre la planificación anual de las vacaciones. En este sentido, es necesario conocer la fecha de disfrute, como mínimo, dos meses antes de su inicio, salvo que el convenio colectivo correspondiente establezca un período superior.
  • Con carácter general, el disfrute de las vacaciones devengadas debe realizarse dentro del año que correspondan, de tal modo que si no se disfrutan antes del 31 de diciembre caducan (la única excepción es que la fecha prevista de disfrute coincida en el tiempo con una incapacidad temporal del trabajador, situación en la cual éste no pierde su derecho a vacaciones anuales retribuidas).
  • El período de disfrute de las vacaciones no puede iniciarse nunca en un día festivo o inhábil.
  • En el período durante el cual el trabajador está disfrutando de sus vacaciones es posible su despido, siempre que se le notifique por escrito detallando los hechos que lo llegan a motivar y la fecha en que tendrá efectos.

Foto: taniadimas

En qué consiste el Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA)

3 de julio de 2017

El Acuerdo Económico y Comercial Global (conocido por sus siglas en inglés CETA) es un convenio comercial entre la Unión Europea (UE) y Canadá, que tiene por objeto impulsar el comercio y contribuir a generar crecimiento y empleo. Fue firmado el 30 de octubre de 2016 y aprobado por el Parlamento Europeo el 15 de febrero de 2017. No obstante, los parlamentos de todos los Estados miembros de la UE deben aprobarlo para que pueda surtir efecto plenamente (en el caso español se aprobó la semana pasada en el Congreso con 179 votos a favor, 79 en contra y 81 abstenciones, debiendo pasar todavía el trámite del Senado donde es previsible que también sea aprobado).

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Canadá representa un socio económico importante para la UE, ya que, según las estimaciones manejadas en Bruselas, con este país norteamericano se mantienen relaciones comerciales por valor de casi 100.000 millones de euros anuales. Se estima que el CETA permitirá a las empresas europeas ahorrar los más de 500 millones de euros que abonan anualmente en concepto de aranceles por sus exportaciones a Canadá. Asimismo les permitirá acceder en mejores condiciones a los contratos públicos canadienses tanto a nivel federal como provincial y municipal. Otros beneficios que desde la perspectiva europea se considera traerá el CETA son:

  • Hará que las empresas europeas sean más competitivas en Canadá.
  • Abrirá el mercado de servicios canadienses a las empresas de la UE, por ejemplo, servicios medioambientales, financieros o marítimos especializados, como dragados, desplazamiento de contenedores vacíos o transporte de determinadas mercancías en Canadá.
  • Abrirá los mercados a las exportaciones europeas de alimentos y bebidas.
  • Protegerá los alimentos y bebidas tradicionales europeos frente a las copias. Para ello se ha acordado proteger 143 indicaciones geográficas europeas como, por ejemplo, el azafrán de La Mancha, el aceite de Baena, el turrón de Alicante o el queso manchego.
  • Reducirá los costes de los exportadores de la UE sin por ello rebajar las normas.
  • Beneficiará a las pymes y consumidores de la UE.
  • Hará más fácil para los profesionales europeos trabajar en Canadá.
  • Permitirá el reconocimiento mutuo de cualificaciones.
  • Creará condiciones previsibles para los inversores de la UE y de Canadá.
  • Hará que para las empresas europeas sea más fácil invertir en Canadá.
  • Ayudará a las industrias creativas, los innovadores y los artistas de Europa.
  • Protegerá los derechos de los trabajadores y el medio ambiente.

Lo cierto es que el CETA es un acuerdo ambicioso que va más allá de la mera regulación del intercambio de bienes entre UE y Canadá, abarcando aspectos económicos más complejos como las inversiones o los servicios financieros. Hay quien argumenta que inclusive partes del CETA puedan ir en detrimento de la normativa europea en algunos ámbitos, de ahí que se haya abierto un debate entre partidarios y detractores del mismo que veremos cómo termina.

20 propuestas para intentar reducir el fraude fiscal

19 de junio de 2017

A pesar de que en la lucha contra el fraude fiscal no parecen existir recetas mágicas, los fiscalistas del Registro de Asesores Fiscales (REAF-REGAF), órgano especializado en asesoramiento fiscal del Consejo General de Economistas, han realizado recientemente 20 propuestas para intentar reducirlo, las cuales inciden en aspectos tales como la mejora de la forma de trabajar de las agencias tributarias, la tutela especial de los nuevos empresarios o la mejora en el tratamiento en los medios de comunicación de las noticias que se refieren a la lucha contra este fraude.

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En concreto, las 20 propuestas realizadas por el REAF-REGAF son las siguientes:

  1. A estas alturas, no existen recetas mágicas para erradicar el fraude fiscal. Como se lleva mucho tiempo trabajando en este sentido se debe tratar de aplicar la experiencia y adaptarse a las nuevas realidades de manera constante.
  2. Intentar educar y concienciar a la población en el cumplimiento tributario, poniendo en valor a este respecto no solo el papel de las Administraciones, sino también el de la sociedad civil, apoyando iniciativas que se consideren relevantes.
  3. Se podría mejorar el tratamiento en los medios de comunicación de las noticias fiscales y de la lucha contra el fraude, intentando huir del sensacionalismo y profundizar en el análisis de los temas.
  4. Mejora en la forma de trabajar de las Agencias tributarias, perfeccionando la explotación de la información de que disponen, cuidando la formación de sus empleados y trabajando de forma coordinada.
  5. Reflexionar sobre la posibilidad de aprobar un estatuto para la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), llegando a un consenso político sobre su régimen jurídico, estrategia y tamaño, y tomando en consideración que es un gran organismo que presta servicio a diferentes instituciones.
  6. El resultado de las comprobaciones debe estar apoyado en expedientes administrativos solidos tanto en lo referente a los hechos como a los criterios aplicados, de forma que disminuya el porcentaje de éxito de los contribuyentes en las vías revisoras, tanto administrativa (actualmente en torno a un 40% de estimaciones en reclamaciones económico-administrativas) como judicial.
  7. Facilitar la regularización tributaria por los contribuyentes, con unos costes sensiblemente inferiores a los de la regularización por la Administración, y dando facilidades para el pago.
  8. Fijar los objetivos de las Administraciones tributarias fundamentalmente a medio y largo plazo, adaptando a dichos objetivos la planificación anual.
  9. Mejorar la imagen de las Administraciones tributarias ante los contribuyentes, potenciando la idea de eficacia y de los servicios de ayuda.
  10. Seguimiento especial a los nuevos contribuyentes con ventanillas presenciales o virtuales especiales para facilitarles el cumplimiento correcto desde el principio, asegurándose su anclaje a la economía legal, siendo especialmente importante en países en los que, como el nuestro, la creación y destrucción de empresas es muy grande.
  11. Aumentar las actuaciones preventivas consistentes, por ejemplo, en el envío de cartas informativas a contribuyentes con cierto tipo de ingresos o de determinados sectores.
  12. Potenciar la utilización de medios de pagos electrónicos que facilitan el control de operaciones.
  13. Seguimiento especial para contribuyentes de sectores que hayan sido sometidos a importantes regularizaciones para asegurarse de un cumplimiento correcto en el futuro.
  14. Intensificar la cooperación internacional para el intercambio de información y para la comprobación de grupos y actividades que se desenvuelven en una economía globalizada.
  15. Profundizar en el establecimiento de normas claras y estables.
  16. Mejorar la generación y difusión rápida de criterios claros y estables.
  17. Intentar reducir los tiempos de resolución en los procedimientos de revisión, siendo seguramente prioritario para ello dotar de los medios necesarios a los Tribunales Económico-Administrativos.
  18. Intensificar las actuaciones especiales en actividades de economía sumergida o de fraude elevado con auxilio judicial en su caso.
  19. Mejora de la relación cooperativa en el ámbito en que esta ya se está produciendo, con las grandes empresas, de tal forma que las que cumplen el código de buenas prácticas y presentan informe de transparencia tengan una valoración de riesgo fiscal acorde a su condición, pudiendo conocer los criterios interpretativos sobre operaciones determinadas de una manera fluida.
  20. Intensificar la relación cooperativa para pequeñas y medianas empresas a través de asociaciones y colegios profesionales de asesores fiscales, propiciando que los que se adhieran a un código de buenas prácticas se responsabilicen de la validación de ciertos aspectos de las autoliquidaciones presentadas por sus clientes y explorando el mecanismo previsto en el artículo 12.3 de la Ley General Tributaria.

Foto: geralt

La revisión del Pacto de Toledo a debate (el futuro de las pensiones)

7 de junio de 2017

El artículo 41 de la Constitución española señala que “los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres”. Con este precepto en mente, en abril de 1995, el Congreso de los Diputados aprobó el denominado Pacto de Toledo, un informe que pretendía garantizar un sistema público de pensiones, justo, equilibrado y solidario.

El Pacto de Toledo original incluía quince recomendaciones relacionadas con aspectos tales como la acción protectora, la financiación, la estructura o la gestión de la Seguridad Social, las cuales se fueron desarrollando mediante el diálogo social. Las recomendaciones del Pacto fueron revisadas y actualizadas en 2003 y 2011, estando prevista una nueva revisión para 2016 que finalmente no llegó a realizarse.

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Precisamente en un acto celebrado el pasado 29 de mayo en la sede del Consejo General de Economistas organizado por Economistas Asesores Laborales (EAL-CGE), en el que se debatieron las medidas necesarias para que el Sistema de la Seguridad Social sea sostenible, se señaló la necesidad de revisar urgentemente el Pacto de Toledo, para conseguir un pacto estatal que englobe a todas las fuerzas políticas. Desde el Consejo también se plantea abrir el debate sobre el futuro de la Seguridad Social a cuestiones como las siguientes:

  • Teniendo en cuenta el aumento de la esperanza de vida media y el retraso en la incorporación al mercado laboral, convendría reflexionar sobre el incremento de la vida laboral de los futuros trabajadores, tomando en consideración las medidas que a este respecto están adoptando en países de nuestro entorno.
  • Estudiar la rebaja de las cotizaciones sociales, con cargo al IVA, para fomentar mayores altas en el sistema, con más cotizaciones y para reducir la economía sumergida.
  • Valorar otras soluciones, como la “mochila austríaca”.
  • Sufragar las pensiones no contributivas por otras vías fuera del sistema.
  • Incorporar la tarifa progresiva para los autónomos, en función del rendimiento de la actividad.
  • Mejorar la compatibilización de las pensiones con la actividad laboral.
  • Incentivar la contratación de sistemas alternativos de pensiones, de cara a mejorar el poder adquisitivo de los jubilados, para que puedan complementar la pensión de jubilación estatal con planes privados alternativos.

Foto: alfcermed

 

Sobre los plazos de devolución de los adeudos directos

26 de mayo de 2017

Con la entrada en vigor en 2014 de SEPA, la Zona Única de Pagos en Euros, donde particulares, compañías y otros agentes económicos pueden hacer y recibir pagos en euros, desde una única cuenta bancaria en cualquier lugar de dicha zona y utilizando un único conjunto de instrumentos de pagos, los recibos domiciliados correspondientes a pagos por suministros (luz, teléfono, etcétera) o prestación de servicios, fueron sustituidos por los denominados adeudos directos.

Estos nuevos servicios de pago se dividen en las dos clases siguientes:

Adeudos directos básicos, los cuales suponen la evolución natural del anterior recibo domiciliado, donde emisor y deudor pueden ser empresas (personas jurídicas), autónomos o consumidores. Es, por ejemplo, el adeudo que te está girando la compañía telefónica con la que trabajas si eres un particular.

Adeudos directos B2B, los cuales suponen una nueva modalidad donde emisor y deudor han de ser necesariamente empresas (personas jurídicas) o autónomos.

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En cuanto a los plazos de devolución de unos y otros, los adeudos directos básicos se pueden devolver hasta ocho semanas después del cargo en la cuenta bancaria, si existe autorización del deudor a través de la correspondiente orden de domiciliación o mandato, o hasta trece meses, si no existe dicha autorización. En cuanto a los adeudos directos B2B, si existe autorización del deudor a través del mandato, una vez cargados en cuenta no se puede solicitar su devolución. Únicamente pueden devolverse en los dos días hábiles posteriores al vencimiento por motivos bancarios, básicamente por falta de saldo en cuenta. De hecho, este tipo de adeudos B2B precisa el consentimiento previo del deudor a su banco para cada uno de los adeudos, lo que reduce su agilidad. En el caso de que no exista autorización del deudor, el plazo de devolución del adeudo B2B se extendería hasta los trece meses, pero la verdad es que no tiene mucho sentido girar este tipo de adeudo sin contar con el mandato específico del deudor.

Finalmente señalar que la devolución de un adeudo directo puede suponer la paralización del servicio ofrecido por el proveedor, si éste es regular en el tiempo, así como la inscripción del impago en un registro de morosos, aspectos que deben valorarse bien antes de tomar la decisión de devolverlo.

Foto: geralt