¿Puede un socio minoritario separarse de una sociedad no cotizada?

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19 de marzo de 2018

Desde el 1 de enero de 2017 se reconoce el derecho de todo socio, de cualquier sociedad no cotizada, a separarse de la misma en el supuesto de que concurran las circunstancias siguientes:

  • Que hayan transcurrido al menos cinco ejercicios desde la inscripción en el Registro Mercantil de la sociedad (con o sin reparto de dividendos durante ese período).
  • Que existan suficientes beneficios sociales legalmente repartibles en el ejercicio cuyas cuentas se aprueben.
  • Que el socio que pretende ejercitar el derecho de separación haya votado a favor de la distribución de los beneficios sociales en Junta General.
  • Que dicha Junta General no acuerde la distribución como dividendo de, al menos, un tercio de los beneficios propios de explotación del objeto social obtenidos durante el ejercicio anterior, que sean legalmente repartibles.

El plazo para el ejercicio del derecho de separación por parte del socio es de un mes a contar desde la fecha en la que se hubiera celebrado la junta general ordinaria.

El socio, en este caso, tiene derecho a que la empresa adquiera sus acciones o participaciones sociales a valor razonable. En el supuesto de que no se llegue a un acuerdo sobre el mismo o sobre la persona o personas que hayan de valorarlo, habrá que designar un experto independiente por parte del Registrador Mercantil del domicilio social a solicitud de la sociedad o de cualquier socio titular de las participaciones o acciones objeto de valoración.

Como consecuencia de todo lo anterior es importante advertir a los órganos de administración de las empresas que tengan en cuenta este tema, de cara a las próximas juntas de socios (en especial la de aprobación de cuentas y distribución de resultados), desde la perspectiva societaria y soliciten, si lo consideran necesario, asesoramiento externo, puesto que supone un cambio muy significativo.

Foto: mohamed_hassan

GUÍA PARA AYUDAR A LAS PYMES A APLICAR MEDIDAS DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO

5 de marzo de 2018

El Consejo General de Economistas junto con Cepyme han lanzado la “Guía de buen gobierno para empresas pequeñas y medianas”. Es un manual práctico que establece unas directrices básicas para que las pymes puedan implantar medidas de buen gobierno que optimicen su desempeño (económico, social y medioambiental), favorezcan las relaciones con sus grupos de interés y aumenten su competitividad

El tejido empresarial español está formado fundamentalmente por microempresas. Según datos del INE de 2017:

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Según estos datos, si sumamos el porcentaje que representan las empresas sin ningún asalariado más las que tienen de 1 a 2, casi el 83% de las empresas españolas tienen 2 o menos asalariados.

Hasta ahora las medidas de buen gobierno corporativo se han estado aplicando exclusivamente en medianas y grandes empresas, lo que significa que en España se aplicaría en menos de un 5% de las empresas, y esto considerando que veinte trabajadores significan “mediana” empresa.

En este sentido, desde el Consejo General de Economistas se considera que la aplicación de normas de gobierno corporativo debe ser un aspecto crucial a la hora de reforzar las buenas prácticas empresariales en grandes empresas, pero que estas prácticas resultan beneficiosas también para las pequeñas y medianas empresas, principalmente en cuanto a su acceso a la financiación y al refuerzo de la confianza de los inversores. Las pymes deben interiorizar estas prácticas y entenderlas como un instrumento de generación de valor de la organización y que les reportará una mayor capacidad de crecimiento y de estabilidad”.

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La Guía es un manual práctico y esquemático de fácil consulta mediante el cual las pymes pueden determinar el grado de implantación de medidas de buen gobierno en su entorno mediante la cumplimentación de un sencillo test con 20 preguntas. Una vez realizada esta evaluación previa, la Guía ofrece una serie de recomendaciones basadas en unos principios básicos (12 principios básicos y las 26 recomendaciones de buen gobierno), que suponen una adaptación a las singularidades de las pymes de toda la normativa e instrumentos que existen en nuestro país en materia de gobierno corporativo.

Para obtener la guía pinche aquí

Foto: Maialisa

OBLIGACIÓN DEL REGISTRO DE LA JORNADA LABORAL

19 de febrero de 2018

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Tras la Sentencia del Tribunal Supremo 246/2017, de 23 de marzo de 2017, que establecía la conveniencia de contar con un marco legislativo que clarifique el registro de la jornada laboral, este asunto ha sido objeto de preocupación tanto para empresarios como para trabajadores.

Durante 2017 ha habido mucha controversia con este tema, debido a las actuaciones de la Inspección de Trabajo, emitiendo Instrucciones en las que indicaba la obligatoriedad de llevar un registro diario de las jornadas para todas las empresas, pero el Tribunal Supremo eximió de esta obligación, salvo para los contratos a tiempo parcial, ya que la legislación actual no contempla esta situación.

Además recientemente, en sentencia de enero de 2018, la Audiencia Nacional ha rechazado que las empresas estén obligadas a entregar el registro de compensación por prolongación de jornada a la representación legal de los trabajadores para que puedan ejercer sus labores de control.

En estos momentos, en el Parlamento se está tramitando una Proposición de Ley para modificar el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores, con objeto de incluir la obligación del registro diario de las horas trabajadas, incluyendo el horario concreto de entrada y salida pactado en los convenios y contratos de trabajo.

El objetivo último de la propuesta, según el Grupo Socialista -promotor de la iniciativa-es crear un marco regulatorio que garantice la retribución de todas las horas trabajadas y con ello paliar la devaluación salarial y la libre competencia de las empresas.

No hay duda de que un registro de la jornada laboral efectiva puede evitar fraudes y puede ayudar a consolidar el empleo indefinido, pero ¿cómo hacerlo de forma efectiva y sin engaños? En España, la mayoría de las empresas son micropymes y una nueva obligación legal más puede hacer que muchas se planteen no seguir o incluso no iniciar una actividad emprendedora. Detrás de la reforma está un control exhaustivo de las horas extraordinarias.

Para tratar este tema, el Consejo General de Economistas organizó una conferencia el pasado 18 de diciembre de 2017. Si deseas ver de forma gratuita la grabación de la conferencia puedes inscribirte aquí.

A la misma asistieron:

  • Mª del Rocío De Frutos Madrazo. Portavoz de Empleo Grupo Socialista en la Comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso de los Diputados. Inspectora de Trabajo y Seguridad Social.
  • Rafael Sanz. CEO en Oojob Solutions. Experto en soluciones de Recusos Humanos para empresas.
  • Juan Ángel Martín. CEO y creador de Visual Presencia Cloud. Programa que contempla las futuras obligaciones en esta materia

Foto: Marme

2018: AUMENTO A 11 EUROS EN LOS CHEQUES RESTAURANTE

31 de enero de 2018

Si la empresa te facilita cheques restaurante, a partir de enero de 2018 la cuantía de estos cheques restaurante se aumenta hasta los 11 euros, sin que haya que tributar en el IRPF (hasta el 31 de diciembre de 2017 el límite de esta cantidad era de 9 euros).

Para que estos importes no tributen, hay que cumplir una serie de condiciones:

  • La empresa debe llevar un control sobre los cheques restaurante que entrega: deben estar numerados, ser nominativos, no ser reembolsables, debe figurar la empresa emisora y, si es en formato papel, el importe.
  • Los empleados solo utilizarán estos cheques en días de trabajo y en establecimientos de hostelería.
  • Si un día no hacen uso de algún cheque, no se puede acumular la cantidad para otro día (el límite diario siempre es de 11 euros).

Si su empresa, en vez de utilizar los cheques restaurante, le entrega una tarjeta o cualquier medio electrónico de pago para este tipo de gastos, también estaría exento de tributar en el IRPF, siempre que se cumpla con los límites y condiciones anteriores.

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En el caso de mal uso por parte del empleado de los cheques restaurante o tarjeta de crédito (usar un importe superior en un día, usarlo en festivo, etc.), la empresa no será responsable de este mal uso. Será el empleado los que deban responder de este mal uso, declarando una mayor retribución en especie en su declaración de renta.

Foto: Bru-nO

Nuevos requisitos de información no financiera para las empresas grandes

12 de diciembre de 2017

El Real Decreto-ley 18/2017, de 24 de noviembre, por el que se modifican el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad, impone a las empresas grandes el deber de informar sobre cuestiones medioambientales y sociales, así como relativas al personal, al respeto de los derechos humanos y a la lucha contra la corrupción y el soborno, a través de un estado de información no financiera. La obligación afecta a las empresas que reúnan las siguientes características:

  • Sociedades anónimas, de responsabilidad limitada y comanditarias por acciones que tengan la condición de entidades de interés público.
  • Número medio de trabajadores durante el ejercicio sea superior a 500.
  • Consideradas empresas grandes según la Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo.

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Fundamentalmente deberán incluir la siguiente información:

Cuestiones medioambientales

Se incluirá información detallada sobre los efectos actuales y previsibles de las actividades de la empresa en el medio ambiente, y, en su caso, la salud y la seguridad, el uso de energía renovable y/o no renovable, las emisiones de gases de efecto invernadero, el consumo de agua y la contaminación atmosférica.

Cuestiones sociales y relativas al personal

Se incluirá información sobre las medidas adoptadas para garantizar la igualdad de género, la aplicación de convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, las condiciones de trabajo, el diálogo social, el respeto del derecho de los trabajadores a ser informados y consultados, el respeto de los derechos sindicales, la salud y seguridad en el lugar de trabajo y el diálogo con las comunidades locales y las medidas adoptadas para garantizar la protección y el desarrollo de esas comunidades.

Cuestiones sobre derechos humanos

Se podrá incluir información sobre la prevención de las violaciones de los derechos humanos y en su caso, sobre las medidas para mitigar, gestionar y reparar los posibles abusos cometidos.

Cuestiones sobre lucha contra la corrupción y el soborno

Se podrá incluir información sobre los instrumentos existentes para luchar contra los mismos.

Adicionalmente, las sociedades anónimas cotizadas deberán incluir en su informe anual de gobierno corporativo, una descripción de las políticas de diversidad en relación a su consejo de administración. Dicha política de diversidad incluirá cuestiones tales como formación y experiencia profesional, edad, discapacidad y género.

Las modificaciones introducidas por el Real Decreto-ley 18/2017, serán de aplicación para los ejercicios económicos que se inicien a partir del 1 de enero de 2017.

Foto: DasWortgewand

Los Estatutos del Consejo General de Economistas ven la luz

14 de noviembre de 2017

El pasado 11 de noviembre se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el Real Decreto 900/2017, de 6 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo General de Economistas de España (CGE). En los 45 artículos que conforman esta regulación se recoge la naturaleza y funciones del Consejo, sus órganos de gobierno, su régimen económico administrativo, así como su régimen disciplinario y sancionador.

En cuanto a su naturaleza, el Real Decreto 900/2017 recuerda que el CGE es una Corporación de Derecho Público, sin ánimo de lucro, dotada de personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, creado por la Ley 30/2011, de 4 de octubre, y regido conforme a lo dispuesto por esta, por la Ley 2/1974, sobre Colegios Profesionales y por los Estatutos que ahora se aprueban. Tiene por objeto la coordinación y representación de los Colegios de Economistas, de los Colegios de Titulares Mercantiles, y de los Colegios de Economistas unificados cualquiera que sea la denominación que cada Colegio adopte en el respectivo territorio.

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Por su parte y en lo que a sus fines se refiere, el Real Decreto 900/2017 establece que el CGE es la corporación que agrupa, coordina y representa en los ámbitos estatal, europeo e internacional a los Colegios mencionados anteriormente, y, a través de estos, a los profesionales colegiados, y ordena, defiende y protege el ejercicio profesional de los colegiados, debiendo asimismo proteger los intereses de los consumidores y usuarios de los servicios prestados por los colegiados. En el ejercicio de sus funciones, el CGE velará por la suscripción de convenios de intercambio, de acuerdos o cualquier clase de relaciones con organizaciones similares o afines españolas o extranjeras, tanto de ámbito nacional como supranacional.

Principales novedades que incorpora la Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo

27 de octubre de 2017

La Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo establece una serie de medidas que pretenden mejorar las condiciones laborales y de Seguridad Social de los denominados trabajadores autónomos.

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Las novedades más importantes que incorpora esta Ley son las siguientes:

  • Ampliación de 6 meses a un año de la cotización de 50 euros a la Seguridad Social para los nuevos negocios.
  • Más bonificaciones para jóvenes, discapacitados y mujeres.
  • Mejora de las prestaciones por maternidad y paternidad.
  • Bonificaciones compatibles con la contratación de asalariados.
  • Bonificación de cotizaciones para contratar a familiares de forma indefinida.
  • Compatibilidad entre salario y pensión para autónomos con empleados.
  • Mayor flexibilidad para darse de alta y baja en la Seguridad Social.
  • Más facilidades para cambiar la base de cotización.
  • Base de cotización de propietarios y directivos desvinculada del salario mínimo interprofesional.
  • Reducción de recargos a la Seguridad Social por deudas durante el primer mes de retraso.
  • Protección para el autónomo que tenga un accidente in itinere (considerado aquel que se produce en el camino de casa al trabajo y viceversa por cualquier medio de transporte) y esté cotizando por riesgos profesionales.
  • Facilidades para el reintegro de cuotas al autónomo en caso de pluriactividad (que se da cuando se compatibiliza trabajo por cuenta propia y ajena).
  • Domiciliación bancaria obligatoria de las cuotas.
  • Deducibilidad de una parte de los gastos de suministro cuando el autónomo desarrolla su actividad en su vivienda (agua, electricidad, gas, etcétera).

Si deseas profundizar en el detalle de estas medidas te recomendamos consultar el siguiente documento, el cual ha sido preparado por los registros de Economistas Asesores Laborales (EAL) y de Economistas Asesores Fiscales (REAF) del Consejo General de Economistas.

Foto: FirmBee

Cinco ventajas de compatibilizar pensión y actividad para los autónomos

5 de octubre de 2017

La mayoría de los trabajadores autónomos, es decir, de aquellos que, de forma habitual, personal y directa, realizan una actividad económica a título lucrativo, sin sujeción a contrato de trabajo, sufren una importante rebaja de su poder adquisitivo en el momento de la jubilación. En España, como es de dominio público, es habitual que los autónomos coticen a la Seguridad Social por la base mínima, lo cual implica el cobro de una pensión también mínima cuando se jubilan.

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Para mejorar esta situación, desde el Registro de Economistas Asesores Laborales (EAL-CGE) del Consejo General de Economistas, se pretende hacer valer las ventajas que conllevaría la puesta en práctica de compatibilizar pensión y trabajo por cuenta propia para el autónomo, en concreto las cinco siguientes:

  • Se facilitaría el tránsito en la sucesión de la empresa familiar y especialmente la transmisión del “know-how” entre generaciones de autónomos.
  • Se evitarían situaciones de importantes quebrantos en las economías familiares de los autónomos debidas a la pérdida de poder adquisitivo.
  • No se eliminarían puestos de trabajo al evitar el cierre de empresas, e incluso se podría pensar en la generación de nuevos puestos al incorporarse otras generaciones de autónomos a las empresas familiares.
  • Se lucharía de forma directa contra el fraude y la economía sumergida, generando mayor recaudación tributaria.
  • Finalmente se estaría asegurando, en gran medida, para el colectivo de cotizantes al RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos) la sostenibilidad del estado del bienestar, al tiempo que la Administración también recauda más ingresos para el sistema.

Parece interesante que propuestas de este tipo sean tenidas en cuenta por los poderes públicos en el debate abierto sobre la mejora de las condiciones de un colectivo que tiene tanto peso específico en nuestro país.

Foto: geralt