Propuestas para que el procedimiento concursal salve más empresas en España

28 de marzo de 2017

Según la Real Academia Española el término insolvencia hace referencia a la “falta de solvencia, incapacidad de pagar una deuda”.  A estos efectos, para el caso de una persona física o jurídica que no pueda pagar sus deudas, la legislación española prevé un procedimiento jurídico específico denominado concurso, el cual viene regulado por la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

En la Ley 22/2003 se señala cómo la declaración de concurso procederá en caso de insolvencia del deudor común, encontrándose en esta circunstancia la persona física o jurídica que no puede cumplir regularmente sus obligaciones exigibles.

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Realmente, como se señala desde el Registro de Expertos en Economía Forenses (REFOR) del Consejo General de Economistas, esta definición del concurso es más jurídica que económica, por lo que sería deseable incluir en la ley concursal la definición técnica-económica de insolvencia, que se utiliza en los ámbitos contables y de auditoría: “un pasivo corriente (a corto plazo) que supera al activo corriente (a corto plazo), es decir, un fondo de maniobra (diferencia entre activo y pasivo corriente) negativo”. En opinión del REFOR, el concurso, alejado de una perspectiva económica-empresarial, se ha convertido en un procedimiento demasiado jurídico y procesal, lo que le hace ser lento y poco eficaz. Así se lo manifestaron los representantes de este registro especializado al Fondo Monetario Internacional (FMI) en el contexto de una reciente reunión internacional que busca mejorar el concurso en España. Dentro de esta visión económica y empresarial de la insolvencia, el REFOR aportó al FMI otra serie de soluciones entre las que destacan las dos siguientes:

  • Limitar los excesivos privilegios que en nuestro país disponen las Administraciones Públicas en el concurso en el que aparecen como crédito privilegiado, así como en las soluciones preconcursales (acuerdos de refinanciación) y extraconcursales (mediaciones) donde no resulta obligatorio que acudan ni Hacienda ni la Seguridad Social. Se piensa que, si las Administraciones Públicas concedieran más flexibilidad, se conseguirían salvar más empresas, lo que redundaría en mayores ingresos fiscales y de la Seguridad Social a medio plazo.
  • Incluir en la ley concursal un apartado específico para las pymes, teniendo en cuenta que en España el 99,7 por ciento de las empresas son micropymes y pequeñas empresas, teniendo además en cuenta que la dimensión de las pymes en España es menor que el promedio de la Unión Europea.

Foto: geralt