¿Puede un socio minoritario separarse de una sociedad no cotizada?

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19 de marzo de 2018

Desde el 1 de enero de 2017 se reconoce el derecho de todo socio, de cualquier sociedad no cotizada, a separarse de la misma en el supuesto de que concurran las circunstancias siguientes:

  • Que hayan transcurrido al menos cinco ejercicios desde la inscripción en el Registro Mercantil de la sociedad (con o sin reparto de dividendos durante ese período).
  • Que existan suficientes beneficios sociales legalmente repartibles en el ejercicio cuyas cuentas se aprueben.
  • Que el socio que pretende ejercitar el derecho de separación haya votado a favor de la distribución de los beneficios sociales en Junta General.
  • Que dicha Junta General no acuerde la distribución como dividendo de, al menos, un tercio de los beneficios propios de explotación del objeto social obtenidos durante el ejercicio anterior, que sean legalmente repartibles.

El plazo para el ejercicio del derecho de separación por parte del socio es de un mes a contar desde la fecha en la que se hubiera celebrado la junta general ordinaria.

El socio, en este caso, tiene derecho a que la empresa adquiera sus acciones o participaciones sociales a valor razonable. En el supuesto de que no se llegue a un acuerdo sobre el mismo o sobre la persona o personas que hayan de valorarlo, habrá que designar un experto independiente por parte del Registrador Mercantil del domicilio social a solicitud de la sociedad o de cualquier socio titular de las participaciones o acciones objeto de valoración.

Como consecuencia de todo lo anterior es importante advertir a los órganos de administración de las empresas que tengan en cuenta este tema, de cara a las próximas juntas de socios (en especial la de aprobación de cuentas y distribución de resultados), desde la perspectiva societaria y soliciten, si lo consideran necesario, asesoramiento externo, puesto que supone un cambio muy significativo.

Foto: mohamed_hassan

Nuevos requisitos de información no financiera para las empresas grandes

12 de diciembre de 2017

El Real Decreto-ley 18/2017, de 24 de noviembre, por el que se modifican el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad, impone a las empresas grandes el deber de informar sobre cuestiones medioambientales y sociales, así como relativas al personal, al respeto de los derechos humanos y a la lucha contra la corrupción y el soborno, a través de un estado de información no financiera. La obligación afecta a las empresas que reúnan las siguientes características:

  • Sociedades anónimas, de responsabilidad limitada y comanditarias por acciones que tengan la condición de entidades de interés público.
  • Número medio de trabajadores durante el ejercicio sea superior a 500.
  • Consideradas empresas grandes según la Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo.

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Fundamentalmente deberán incluir la siguiente información:

Cuestiones medioambientales

Se incluirá información detallada sobre los efectos actuales y previsibles de las actividades de la empresa en el medio ambiente, y, en su caso, la salud y la seguridad, el uso de energía renovable y/o no renovable, las emisiones de gases de efecto invernadero, el consumo de agua y la contaminación atmosférica.

Cuestiones sociales y relativas al personal

Se incluirá información sobre las medidas adoptadas para garantizar la igualdad de género, la aplicación de convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, las condiciones de trabajo, el diálogo social, el respeto del derecho de los trabajadores a ser informados y consultados, el respeto de los derechos sindicales, la salud y seguridad en el lugar de trabajo y el diálogo con las comunidades locales y las medidas adoptadas para garantizar la protección y el desarrollo de esas comunidades.

Cuestiones sobre derechos humanos

Se podrá incluir información sobre la prevención de las violaciones de los derechos humanos y en su caso, sobre las medidas para mitigar, gestionar y reparar los posibles abusos cometidos.

Cuestiones sobre lucha contra la corrupción y el soborno

Se podrá incluir información sobre los instrumentos existentes para luchar contra los mismos.

Adicionalmente, las sociedades anónimas cotizadas deberán incluir en su informe anual de gobierno corporativo, una descripción de las políticas de diversidad en relación a su consejo de administración. Dicha política de diversidad incluirá cuestiones tales como formación y experiencia profesional, edad, discapacidad y género.

Las modificaciones introducidas por el Real Decreto-ley 18/2017, serán de aplicación para los ejercicios económicos que se inicien a partir del 1 de enero de 2017.

Foto: DasWortgewand

Las cuatro causas por las que un auditor puede causar baja en el ROAC

5 de mayo de 2017

La auditoría de cuentas es una actividad que consiste en la revisión y verificación de la cuentas anuales (que pueden llegar a incluir, según el tipo de empresa, al balance, a la cuenta de pérdidas y ganancias, a la memoria, al estado de cambios en el patrimonio neto y al estado de flujos de efectivo), así como de otros estados financieros o documentos contables, elaborados con arreglo al marco normativo de información financiera que resulte de aplicación, siempre que dicha actividad tenga por objeto la emisión de un informe sobre la fiabilidad de dichos documentos que pueda tener efectos frente a terceros. Así se señala en el artículo 1 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas.

ledger-1428230_1920Dicha actividad puede ser realizada por los auditores de cuentas, que pueden ser personas físicas o jurídicas y que han de figurar inscritas, como ejercientes en el caso de las personas físicas, en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC) del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), Organismo Autónomo, adscrito al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad que ejerce la función supervisora de los auditores.

Resulta importante conocer las causas que pueden motivar la baja del auditor del ROAC, la cual será temporal o definitiva según los casos. En concreto, se puede producir en los cuatro supuestos siguientes, según lo que establece el artículo 32 del Real Decreto 1517/2011, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Auditoría de Cuentas:

  • Por fallecimiento del auditor.
  • Por incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en los artículos 8 y 9 de la Ley 22/2015 (ser mayor de edad; tener la nacionalidad española o la de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea, sin perjuicio de lo que disponga la normativa sobre el derecho de establecimiento; carecer de antecedentes penales por delitos dolosos y haber obtenido la correspondiente autorización del ICAC). Destaca el requisito de carecer de antecedentes penales por delitos dolosos, de tal manera que el auditor que los tenga se encuentra inhabilitado legalmente para firmar informes de auditoría.
  • Por renuncia voluntaria del auditor.
  • Por sanción.

Foto: cpastrick

La legalización de libros contables y mercantiles en el Registro Mercantil

19 de abril de 2017

El mes de abril es un período importante en cuanto a las obligaciones registrales de las sociedades mercantiles se refiere, puesto que muchas de ellas tienen que presentar y legalizar ante el Registro Mercantil sus libros contables y mercantiles. Y además tienen que hacerlo de forma telemática, tal como se recoge en el artículo 18 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización:

Todos los libros que obligatoriamente deban llevar los empresarios con arreglo a las disposiciones legales aplicables, incluidos los libros de actas de juntas y demás órganos colegiados, o los libros registros de socios y de acciones nominativas, se legalizarán telemáticamente en el Registro Mercantil después de su cumplimentación en soporte electrónico y antes de que trascurran cuatro meses siguientes a la fecha del cierre del ejercicio”.

Es decir, si la sociedad cierra su ejercicio el 31 de diciembre (lo más habitual), tiene hasta el 30 de abril del año siguiente para presentar y legalizar sus libros. Una vez que el Registro recibe los libros telemáticamente, entregará a la sociedad, también de forma telemática, una acreditación de haber procedido a su legalización (si todo es correcto) o se le comunicará que la presentación es defectuosa (si algo falla).

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Entre estos libros contables y mercantiles de legalización obligatoria para las sociedades mercantiles podemos destacar los cuatro siguientes:

Libro Diario, en el que se registran día a día las operaciones relativas a la actividad de la empresa, siendo válida la anotación conjunta de los totales de las operaciones por períodos no superiores al trimestre, a condición de que su detalle aparezca en otros libros o registros concordantes, de acuerdo con la naturaleza de la actividad de que trate.

Libro de Inventarios y Cuentas anuales, en el que se registran el balance inicial detallado de la empresa, los balances trimestrales de comprobación de sumas y saldos, el balance de cierre y las cuentas anuales.

Libro de actas, el cual puede ser único para las actas de todos los órganos colegiados de la sociedad (Junta General y Consejo de Administración), o también un libro independiente para cada uno de ellos.

Libro Registro de socios y de acciones nominativas, en el que se registra la titularidad originaria y las sucesivas transmisiones de acciones o participaciones sociales, según sea el tipo de sociedad mercantil, así como la constitución de derechos reales y otros gravámenes sobre ellas.

Foto: 3dman_eu

¿Cuándo resulta obligatorio consolidar las cuentas anuales?

27 de febrero de 2017

La obligación de consolidar las cuentas anuales surge cuando existe una vinculación entre dos o más sociedades mercantiles que constituyen lo que se denomina un grupo de sociedades. En este sentido, el artículo 42 del Real Decreto de 22 de agosto de 1885, por el que se publica el Código de Comercio señala que “toda sociedad dominante de un grupo de sociedades estará obligada a formular las cuentas anuales y el informe de gestión consolidados”.

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La duda aquí es clarificar cuándo se considera que existe un grupo de sociedades. Como nos recuerdan desde el órgano especializado Economistas Contables (EC) del Consejo General de Economistas, el propio artículo 42 del Código de Comercio señala que “existe un grupo cuando una sociedad ostente o pueda ostentar, directa o indirectamente, el control de otra u otras”. Dicho control se produce cuando una sociedad (dominante) se encuentra en relación con otra sociedad (dependiente), en alguna de las siguientes situaciones:

  • Posea la mayoría de los derechos de voto.
  • Tenga la facultad de nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del órgano de administración.
  • Pueda disponer, en virtud de acuerdos celebrados con terceros, de la mayoría de los derechos de voto.
  • Haya designado con sus votos a la mayoría de los miembros del órgano de administración, que desempeñen su cargo en el momento en que deban formularse las cuentas consolidadas y durante los dos ejercicios inmediatamente anteriores.

No obstante, el artículo 43 del Código de Comercio señala una serie de dispensas y excepciones a la obligación de consolidar como, por ejemplo, la de que la sociedad dominante no supere unos determinados límites de activo, cifra de negocios o número medio de empleados.

Hay que señalar que la obligación legal de formular cuentas anuales consolidadas no exime a las sociedades mercantiles integrantes del grupo, de formular sus propias cuentas individuales. Por otro lado, si la formulación de las cuentas anuales es obligatoria, la auditoría de las mismas también lo será. En cambio, si la sociedad dominante formula las cuentas consolidadas de forma voluntaria, la obligación de auditarlas solamente existirá si se depositan en el Registro Mercantil.

Foto: maxlkt