Cinco ventajas de compatibilizar pensión y actividad para los autónomos

5 de octubre de 2017

La mayoría de los trabajadores autónomos, es decir, de aquellos que, de forma habitual, personal y directa, realizan una actividad económica a título lucrativo, sin sujeción a contrato de trabajo, sufren una importante rebaja de su poder adquisitivo en el momento de la jubilación. En España, como es de dominio público, es habitual que los autónomos coticen a la Seguridad Social por la base mínima, lo cual implica el cobro de una pensión también mínima cuando se jubilan.

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Para mejorar esta situación, desde el Registro de Economistas Asesores Laborales (EAL-CGE) del Consejo General de Economistas, se pretende hacer valer las ventajas que conllevaría la puesta en práctica de compatibilizar pensión y trabajo por cuenta propia para el autónomo, en concreto las cinco siguientes:

  • Se facilitaría el tránsito en la sucesión de la empresa familiar y especialmente la transmisión del “know-how” entre generaciones de autónomos.
  • Se evitarían situaciones de importantes quebrantos en las economías familiares de los autónomos debidas a la pérdida de poder adquisitivo.
  • No se eliminarían puestos de trabajo al evitar el cierre de empresas, e incluso se podría pensar en la generación de nuevos puestos al incorporarse otras generaciones de autónomos a las empresas familiares.
  • Se lucharía de forma directa contra el fraude y la economía sumergida, generando mayor recaudación tributaria.
  • Finalmente se estaría asegurando, en gran medida, para el colectivo de cotizantes al RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos) la sostenibilidad del estado del bienestar, al tiempo que la Administración también recauda más ingresos para el sistema.

Parece interesante que propuestas de este tipo sean tenidas en cuenta por los poderes públicos en el debate abierto sobre la mejora de las condiciones de un colectivo que tiene tanto peso específico en nuestro país.

Foto: geralt

La revisión del Pacto de Toledo a debate (el futuro de las pensiones)

7 de junio de 2017

El artículo 41 de la Constitución española señala que “los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres”. Con este precepto en mente, en abril de 1995, el Congreso de los Diputados aprobó el denominado Pacto de Toledo, un informe que pretendía garantizar un sistema público de pensiones, justo, equilibrado y solidario.

El Pacto de Toledo original incluía quince recomendaciones relacionadas con aspectos tales como la acción protectora, la financiación, la estructura o la gestión de la Seguridad Social, las cuales se fueron desarrollando mediante el diálogo social. Las recomendaciones del Pacto fueron revisadas y actualizadas en 2003 y 2011, estando prevista una nueva revisión para 2016 que finalmente no llegó a realizarse.

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Precisamente en un acto celebrado el pasado 29 de mayo en la sede del Consejo General de Economistas organizado por Economistas Asesores Laborales (EAL-CGE), en el que se debatieron las medidas necesarias para que el Sistema de la Seguridad Social sea sostenible, se señaló la necesidad de revisar urgentemente el Pacto de Toledo, para conseguir un pacto estatal que englobe a todas las fuerzas políticas. Desde el Consejo también se plantea abrir el debate sobre el futuro de la Seguridad Social a cuestiones como las siguientes:

  • Teniendo en cuenta el aumento de la esperanza de vida media y el retraso en la incorporación al mercado laboral, convendría reflexionar sobre el incremento de la vida laboral de los futuros trabajadores, tomando en consideración las medidas que a este respecto están adoptando en países de nuestro entorno.
  • Estudiar la rebaja de las cotizaciones sociales, con cargo al IVA, para fomentar mayores altas en el sistema, con más cotizaciones y para reducir la economía sumergida.
  • Valorar otras soluciones, como la “mochila austríaca”.
  • Sufragar las pensiones no contributivas por otras vías fuera del sistema.
  • Incorporar la tarifa progresiva para los autónomos, en función del rendimiento de la actividad.
  • Mejorar la compatibilización de las pensiones con la actividad laboral.
  • Incentivar la contratación de sistemas alternativos de pensiones, de cara a mejorar el poder adquisitivo de los jubilados, para que puedan complementar la pensión de jubilación estatal con planes privados alternativos.

Foto: alfcermed